|
 |
|
| INICIO
/
ACCIONES-DENUNCIAS |
| |
|
Costa Rica - 11 de mayo de 2010 |
|
Campaña denuncia violaciones en Guatemala |
|
En un comunicado publicado el 11 de mayo de 2010, la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral denuncia el agudizamiento de las violaciones a los derechos laborales en Guatemala en los primeros 4 meses de este año. A continuación lean o descarguen el comunicado completo. |
|
|
San José, Costa Rica, 11 de mayo de 2010
Ante la Comunidad Regional e Internacional
La Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, que reúne a más de 70 organizaciones sindicales, de Derechos Humanos, estudiantiles, de mujeres, campesinas, y otras organizaciones sociales e instituciones de Centroamérica, denuncia enérgicamente el agudizamiento del clima de persecución sindical y laboral en Guatemala durante los primeros meses de 2010. Lo que va del año corriente, ya se contabilizan 4 asesinatos de líderes y activistas sindicales en este país. A estos se suman varios casos de amenazas de muerte, de agresiones físicas, de secuestros y de graves violaciones a los derechos laborales.
El primer caso de homicidio se dio el 29 de enero de 2010, en la Municipalidad de Malacatán, en el departamento San Marcos. Como lo reportó el Movimiento Sindical, Indígena y Campesino Guatemalteco (MSICG) en un comunicado del 1 de febrero de 2010, aquel día desconocidos mataron a Pedro Antonio García, Secretario de Cultura y Deportes del Sindicato de Trabajadores Municipales de Malacatán en San Marcos. Pedro Antonio García anteriormente había encabezado una acción de los trabajadores sindicalizados de esta Municipalidad para demandar el pago de salarios atrasados y otras prestaciones sociales.
El segundo caso ocurrió el 20 de febrero, cuando Héctor García Veliz fue asesinado mientras se dirigía a su trabajo entre el Kilómetro 18 y 19, Carretera al Atlántico. Héctor García era afiliado al Sindicato de Trabajadores del Hotel Las Américas SA Profesionales en Hotel SA Anexos y Conexos Crowne Plaza –SITPHA, y desde el 28 de enero había manifestado ante directivos del sindicato que la parte patronal a través de empleados de confianza le había solicitado retirarse del sindicato pues este afectaba a la empresa. Según comunicado del MSICG, el 1 de febrero el compañero Héctor García salió de vacaciones regresando a laborar el 18 de febrero del año 2010. Dos días después fue asesinado. Este hecho debe verse en el contexto de renuncias presentadas por varios miembros del sindicato, quienes declaran que han recibido presión de la patronal después de que presentaron un pliego de peticiones para la negociación de un pacto colectivo, en diciembre del año pasado.
Luego, el 6 de marzo de 2010, a la altura Del Cid, en el departamento Alta Verapaz, fue encontrado el cuerpo mutilado de Luis Felipe Cho, que en el mes de enero había entregado su cargo como miembro del Consejo Consultivo del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Santa Cruz luego de haber recibido amenazas de todo tipo relacionadas a su actividad sindical. Como informó el MSICG en un comunicado del 29 de marzo de 2010, el cadáver de Luis Felipe Cho presentaba múltiples perforaciones de proyectil de arma de fuego, además de que sus asesinos le habían amputado las dos orejas, los dos ojos y la lengua y le habían hecho cortes para separar la piel del rostro del cuero cabelludo y desprendido la piel de la cara corriéndola hasta el nivel del maxilar dejando al descubierto su calavera. Las condiciones en que fue encontrado el cuerpo de Luis Felipe Cho y las amenazas de que fuera objeto con anterioridad hacen probable la vinculación del crimen con sus labores sindicales.
Además, el MSICG, en el mismo comunicado del 29 de marzo de 2010, denunció el asesinato del compañero Samuel Ramírez Paredes, Secretario General del Sindicato de Trabajadores Bananeros del Distrito de Panchoy (SITRABI). Este crimen se produjo el 26 de marzo de 2010, justo en el marco de una reunión que los compañeros del MSICG sostenían con miembros del Gobierno de Estados Unidos con ánimo de interponer quejas en el marco del CAFTA contra el Estado de Guatemala por las violaciones a los derechos laborales y sindicales que se dan en el sector bananero del país.
A estos 4 asesinatos se suman varios casos de amenazas, de agresión física, de secuestro y de graves violaciones a los derechos laborales. Entre ellos destaca el secuestro y abuso sexual de María Vásquez, Secretaria General Adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Winners. Este acto delictivo tuvo lugar el 6 de enero de 2010, cuando María Vásquez esperaba el autobús de la empresa Winners. En este momento, fue introducida de forma violenta a un vehículo por hombres armados con pasamontañas, que luego abusaron de ella sexualmente. María Vásquez recientemente había tomado posesión del cargo como Secretaría General Adjunta del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Winners y en esta función había reclamado a la empresa por el incumplimiento de las leyes laborales en varios sentidos. Al caso de María Vásquez se suma el ataque físico contra Abel Roldán, directivo del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Zaragoza. El 20 de enero, Abel Roldán sufrió un atentado armado por parte del señor Héctor Marroquín, Primer Concejal de la Corporación Municipal de la Municipalidad. Es importante señalar que los 60 miembros del Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de Zaragoza, habían estado despedidos desde el 15 de enero de 2008 por el delito de haber formado su organización sindical.
A todos estos casos se suman los últimos acontecimientos en las fincas bananeras de la empresa COBIGUA, subsidiaria de la multinacional frutera Chiquita, y las amenazas y despidos que se dan en tres empresas maquiladoras de capital coreano en Ciudad de Guatemala.
El 5 de abril de 2010, hombres desconocidos dirigieron amenazas de muerte contra Leonel Pérez Lara, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Finca Campo Verde, una de las fincas que produce para la empresa COBIGUA. Como antecedente de estas amenazas están las graves violaciones a los derechos laborales que se dan en las fincas productoras para COBIGUA y que han sido denunciadas por varias organizaciones sindicales desde hace mucho tiempo. Dentro de estas destacan la falta de pago de salarios mínimos, la retención y aprobación por la parte patronal de las cuotas laborales que descuentan a las y los trabajadores y que al final no trasladan al seguro social, o la ausencia de condiciones para el ejercicio de la libertad sindical. A estos abusos se han sumado en los últimos meses otras medidas de persecución laboral e incluso la amenaza de cerrar ciertos centros de trabajo, luego de que las personas afiliadas a los seis sindicatos existentes en las nueve fincas que trabajan para la empresa COBIGUA, dejaron de trabajar en tanto que COBIGUA-Chiquita no asume el compromiso de discutir con los sindicatos las peticiones que éstas anteriormente habían planteado.
Además, hemos tenido conocimiento, a través del Centro de Estudio y Apoyo al Desarrollo Local (CEADEL), de otra situación de violaciones a los derechos laborales, que se da en tres empresas maquiladoras de capital coreano en Ciudad de Guatemala. Se trata de las empresas Sae Internacional, Nicotex Factory y Alianza Fashion. Entre las violaciones cometidas por estas empresas destacan la negación de vacaciones, atrasos en el pago de salarios, el no pago de horas extras o el descuento de las cuotas laborales sin pasarlas al seguro social. A esto se suman casos de despidos de personas que se unieron para defender sus derechos y despidos masivos sin pagar prestaciones.
Todas estas violaciones han sido denunciadas por las víctimas o sus organizaciones sindicales ante las autoridades competentes. Entre las acciones realizadas destacan el envío de cartas de protesta al Presidente Álvaro Colóm, denuncias ante el Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos o el Ministerio de Trabajo. No obstante, hasta el día de hoy, ninguno de los casos anteriormente mencionados ha sido solucionado, y las autoridades competentes no han dado ninguna muestra de voluntad política de castigar a los responsables de los crímenes.
Para la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, estos nuevos hechos dan otra muestra más de la lamentable situación judicial y de protección laboral que caracteriza Guatemala, un país donde hasta el 98 por ciento de los crímenes cometidos quedan en la impunidad. Solicitamos a la Comunidad Regional e Internacional que se sumen a estas denuncias para garantizar que el Estado de Guatemala asuma su responsabilidad y castigue a los responsables de los crímenes contra sindicalistas y la clase trabajadora en este país.
Respetuosamente, en nombre de las organizaciones de la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, firmamos los enlaces por cada país y la coordinadora regional:
Salomón Samudio
Centro de Investigación y Desarrollo de Panamá – CIDPA
Panamá
Roger Barrantes
Confederación Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar” – CST-JBE
Nicaragua
Martha Saldaña
Federación de Asociaciones y Sindicatos Independientes de El Salvador – FEASIES
El Salvador
David Eduardo Soto Oliva
Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Estado de Guatemala – FENASTEG
Guatemala
Gladis Bustillo
Sindicato de Trabajadores de la Tela Rail Road Company – SITRATERCO
Honduras
Mario Torres
Sindicato Patriótico de la Educación – SINPAE/ Central General de Trabajadores – CGT
Costa Rica
Ariane Grau
Coordinadora Regional de la Campaña contra la Flexibilidad Laboral
ASEPROLA
Costa Rica
|
| |
|
|
|
|
|
