| INICIO
/
Costa Rica > Denuncias |
| |
|
Costa Rica 9 de marzo del 2010 |
|
Alto al complot del Gobierno de Costa Rica contra la libertad sindical |
|
La Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral se pronuncia ante los recientes hechos ocurridos en Costa Rica, donde el Gobierno demuestra una vez más su estrategia de desmantelamiento del movimiento sindical. |
|
|
En una Asamblea que contó con más trabajadores que la otra Asamblea, las bases del Sindicato de Trabajadores de la Junta Administradora Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica decidieron desconocer los acuerdos que cesaban a la Junta Directiva encabezada por Ronaldo Blear, así como no aceptar el soborno disfrazado de indemnización, para que las personas trabajadoras de JAPDEVA aceptaran la privatización de los muelles del Atlántico.
Un total de 545 trabajadores afiliados a SINTRAJAP ratificaron por unanimidad a la Junta Directiva que encabeza Ronaldo Blaer y rechazaron la propuesta del Gobierno de pagar 137 millones de dólares a los trabajadores.
Esta situación abre las posibilidades de lucha para enfrentar el ataque del gobierno, quienes tratando de teñirse de democráticos colocaron a una Junta Directiva ilegal en una Asamblea que carecía del más mínimo acto de legalidad.
También se acordó abrir una Comisión de Ética que investigue el actuar de la Comisión mediadora, quienes convocaron a la Asamblea que destituyó a la Junta Directiva.
De esta manera, el Sindicato sigue en su lucha contra la privatización solapada, acompañada del soborno. Las personas trabajadoras que se agrupan en SINTRAJAP, dan hoy un ejemplo de lo que significa defender la libertad y la autonomía sindical.
Un nuevo memorandum
Solo unos dos días antes de esta Asamblea, el reconocido Semanario Universidad había revelado que el gobierno había vuelto a utilizar la estrategia del miedo para doblegar a SINTRAJAP, al mejor estilo de la época en la que los sectores sociales luchaban contra el TLC.
Durante los últimos meses hemos estado presenciando una serie de acciones para imponer la privatización de los muelles de Limón: intento de soborno a los trabajadores con indemnizaciones millonarias, con el fin de que aceptaran la privatización de los puertos; campaña mediática de desprestigio, el sistemático ataque a la dirección del sindicato, que fue desde promover asambleas en contra del estatuto sindical, negar permisos para realizar Asambleas al Sindicato, apoyar y aceptar a una junta directiva ilegítima, hasta la desfachatez de hostigar a los trabajadores para que no asistan a la Asamblea convocada por la junta directiva verdadera. Después de todo ello, en estos días nos enteramos de que todo esto estaba planificado por el gobierno de Costa Rica.
El Semanario Universidad, en su edición del 3 de marzo, citó unos documentos realizados por el Ministro Álvaro González que evidencian que cada uno de los ataques al sindicato estaban previamente planificados. Estos papeles llegaron como un anónimo al Semanario y nos hacen recordar la terrible época donde este mismo gobierno utilizó la estrategia del miedo por medio del memorandum firmado por el diputado Fernando Sánchez y el Vicepresidente Kevin Casas. En esa ocasión también un anónimo al Semanario Universidad fue el que alertó a la opinión pública de la estrategia inmoral del gobierno. El mismo Ministro González acepta la veracidad de los documentos presentados por el Semanario Universidad.
Un plan para acabar con el sindicato:
Según la publicación del Semanario en esos documentos se planea:
Intervenir en la vida de los sindicatos o promocionarlos directa o indirectamente por medio de coacción, dádivas o promesas a los trabajadores, para que asuman una conducta determinada respecto de su organización gremial. Igualmente en lo que se refiere a representantes de los trabajadores.
Adoptar represalias contra los trabajadores, en razón de sus actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados al juzgamiento de las prácticas laborales desleales.
Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación gremial, con el propósito de influir en la toma de decisiones.
Los documentos que cita el Semanario concluyen advirtiendo que “en Costa Rica solo los tribunales son los competentes para interferir en la constitución y extinción de un sindicato.”
Otro de los documentos que está en manos del Semanario es un informe del jefe del Departamento Legal de JAPDEVA, Allan Hidalgo, dirigido al Ministro de Trabajo. Según el Semanario, este informe retoma pronunciamientos de la Procuraduría General de la República “acerca de la cesación de los efectos de la convención colectiva cuando hay denuncia de plazo”. El Semanario publica un recuadro con citas de artículos de leyes y reglamentos con un encabezado que dice: “Esta es la situación de derecho que tenemos en JAPDEVA. El asunto es buscar una solución legal que permita a la inspección de trabajo obligar a la junta directiva del sindicato a convocar una asamblea extraordinaria ante solicitud del 25% de los afiliados.”
Asimismo, según el Semanario, otro de los informes dice que de no darse la aprobación de la oferta del Gobierno “por los medios tradicionales (mediante consenso de la asamblea general de trabajadores), se deben buscar nuevas alternativas, más engorrosas y menos célebres”.
Más adelante, los documentos plantean la necesidad de que la indemnización se de lo antes posible, ya que podría darse que la Sala Constitucional declare inconstitucional dicha indemnización.
Por todas estas razones la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral, Red Centroamericana que agrupa más de 70 organizaciones sindicales, de mujeres, de derechos humanos, estudiantiles, campesinas, denuncia que este plan atenta contra la libertad sindical y genera un peligroso precedente para que el Estado y los patronos intervengan en las organizaciones sindicales. De tolerarse dichos actos, la libertad de asociación y la libertad sindical estarán seriamente dañadas en la región. Esto es un claro golpe de Estado, que tarde o temprano traerá consecuencias irreparables para la organización independiente de la clase trabajadora centroamericana.
La libertad sindical es parte integral de los Derechos Humanos, así estipulado en varios instrumentos y Declaraciones internacionales. El respeto a este derecho, implica la no intervención de los Estados y los patronos en la vida sindical. Esta intervención representa un golpe de Estado, aplicado a la organización sindical.. Así como denunciamos el Golpe de Estado en Honduras, hoy denunciamos este nuevo acto, esta vez cometido por el Gobierno de Costa Rica, el cual, sigue poniendo una vez más en tela de juicio su carácter democrático y la legitimidad del Premio Nobel de la Paz de su presidente. Desde la Campaña Regional contra la Flexibilidad, exigimos el respeto a la Libertad Sindical, el desconocimiento de la Junta Directiva impuesta por el gobierno, el cese de toda intervención gubernamental en los asuntos sindicales, el total apoyo a la verdadera dirección de SINTRAJAP, reafirmada en la Asamblea del 5 de marzo y el compromiso de seguir en la lucha contra la privatización de los muelles.
|
| |
|
|
|
