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Viernes 3 de Septiembre de 2010
INICIO / No al Golpe en Honduras
 
Washington 20 de enero 2010
CIDH corrobora violaciones a los Derechos Humanos en Honduras
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre las violaciones a derechos humanos desde que el golpe de Estado se produjo.
El informe de la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos fundamentales en Honduras, tras el Golpe de Estado muestra que este en este país los derechos más básicos han sido aplastados por el Estado.
La CIDH realizó una visita in loco a Honduras del 17 al 21 de agosto de 2009 y elaboró este informe, cuyo alcance refiere a la situación de derechos humanos desde el golpe de Estado que derrocó al Presidente democráticamente electo el 28 de junio de 2009.
Entre los derechos que la CIDH encontró graves violaciones están: muertes, declaración arbitraria del estado de excepción, represión de manifestaciones públicas a través de un uso desproporcionado de la fuerza, criminalización de la protesta social, detenciones arbitrarias de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes y malas condiciones de detención, militarización del territorio, aumento de las situaciones de discriminación racial, violaciones a los derechos de las mujeres, restricciones arbitrarias al derecho a la libertad de expresión y graves vulneraciones a los derechos políticos.
Además la CIDH constató la ineficacia de los recursos judiciales para proteger los derechos humanos. Las violaciones a los derechos a la vida, integridad personal, asociación, libertad personal, garantías judiciales, libertad de expresión, a los derechos políticos, a los derechos de las mujeres y grupos minoritarios se vieron exacerbadas por la falta de una institucionalidad que permita canalizar las denuncias, investigar los hechos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.
Los sectores de la sociedad hondureña que condenan el golpe de Estado manifestaron a la CIDH su temor a sufrir represalias por parte de los agentes de seguridad y su desconfianza en el actuar de las instituciones que no han condenado enérgicamente la ruptura de la institucionalidad democrática y se han mostrado inactivas frente a las denuncias de conocimiento público. Las autoridades de facto y la Corte Suprema de Justicia de Honduras niegan sistemáticamente la existencia de esas violaciones, circunstancia que se traduce en una situación de inactividad y tolerancia que facilita la repetición de estos hechos de manera impune.
El informe señala que junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado, se han producido graves violaciones a los derechos humanos.
 
 
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