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Miércoles 8 de Febrero de 2012 |
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No más impunidad |
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Mensaje del Centro de Derechos de las Mujeres en el Día Internacional de las Mujeres. POR LA DEBIDA APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA LA VIOLENCIA DOMÉSTICA. |
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Desde la vigencia de la Ley Contra la Violencia Doméstica en febrero de 1998, cada vez más mujeres deciden romper el silencio y denunciar la violencia que enfrentan por parte de su pareja o ex pareja.
De acuerdo a las convenciones internacionales, uno de los derechos que otorga la Ley Contra la Violencia Doméstica es la protección efectiva de las víctimas para prevenir mayores actos de violencia que pueden terminar incluso en la muerte. Sin embargo, un alto número de mujeres denunciantes todavía no obtienen la respuesta que esperan y necesitan para garantizar su derecho a una vida libre de violencia.
Según el Centro Electrónico de Documentos e Información Judicial del Poder Judicial, en el año 2006 a nivel nacional ingresaron 10,999 casos de violencia doméstica, de los cuales sólo 281 obtuvieron resolución, significando que apenas el 2.55% fueron resueltos. Esta brecha entre ingresos y resoluciones es una muestra clara de los altos niveles de impunidad prevalecientes.
Las reformas a la Ley Contra la Violencia Doméstica vigentes en el 2006 buscan mejorar en muchos aspectos la aplicación de esta ley. Pero el espíritu de estas reformas se ha enfrentado a muchos obstáculos que tienen que ver, entre otros, con la débil asignación presupuestaria, con las resistencias de tipo socio-cultural expresadas por algunos operadores de justicia y con la poca voluntad para implementarlas debidamente, por ejemplo:
Algunos jueces aunque capacitados no están debidamente sensibilizados ni incorporan el análisis de género que les conduciría a emitir resoluciones basadas en la equidad;
Los juzgados no cuentan con el personal necesario para la evacuación de las denuncias;
Una audiencia que debe celebrarse dentro de las 24 horas después de su presentación se desarrolla dos meses después, dejando desprotegida a la mujer todo ese tiempo;
Las medidas de seguridad no se imponen en el momento procesal oportuno y no se les imprime el seguimiento que requieren;
No se garantiza la presencia de fiscales para la asistencia técnica de las mujeres en las audiencias;
La policía se resiste a imponer medidas de seguridad pese la disposición expresa en este sentido.
Los avances formales deben de concretizarse en la práctica y el Estado hondureño debe de garantizar recursos en su presupuesto nacional para cumplir con los compromisos que están consignados en la Ley contra la Violencia Doméstica, especialmente en lo relacionado a crear juzgados especiales de violencia doméstica en todo el país.
Prevenir, atender y sancionar la violencia doméstica contra las mujeres es una tarea urgente.
CENTRO DE DERECHOS DE MUJERES, CDM
HONDURAS 2007 |
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